Ya hace medio siglo que se lanzó el primer fondo en Estados Unidos que incluía inversiones consideradas socialmente responsables y/o cuidadosas con el medio ambiente. Y hace casi 15 años que el Banco Mundial anunció un nuevo tipo de emisiones, los bonos verdes. Ahí están los orígenes de lo que hoy conocemos como Inversión Socialmente Responsable, o ISR por sus iniciales.
Si bien es cierto que este tipo de inversión, que tiene en cuenta criterios extra financieros para lograr rentabilidad, está muy extendida en Europa y Estados Unidos, en España aún nos queda recorrido. Sin embargo, hay un tipo de estrategias de ahorro en las que lo común precisamente es que se aplique la ISR. Nos referimos a los planes de empleo o planes de pensiones promovidos por empresas o instituciones.
De hecho, dentro de los inversores institucionales los Fondos de pensiones de empleo fueron los pioneros en nuestro país en interesarse por la aplicación de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en sus políticas de inversión. La explicación está en que estos vehículos de ahorro para la jubilación cuentan con Comisiones de control en las que están representadas los trabajadores y la empresa, y estas han demostrado ser partidarias de incluir esos aspectos.
Así se ha ido demostrando desde 2015, cuándo la normativa empezó a obligar a que las comisiones de control, junto a la entidad gestora, elaborarán una declaración sobre los principios de su política de inversión, incluyendo si se tienen en consideración o no, en las decisiones de inversión, los riesgos extra financieros que afectan a los diferentes activos que integran la cartera del fondo de pensiones.
Según el último estudio realizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que utiliza datos de 2018, el 65% del patrimonio invertido en fondos de pensiones de empleo obedece a criterios de sostenibilidad. Actualmente, diversas fuentes estiman que ese porcentaje puede haber superado ya el 70%, incluso acercarse al 80%, impulsado por el mandato de las comisiones de control.
En cuanto a cómo se aplican esos criterios, la política de ISR más utilizada es la exclusión, es decir, el decidir no invertir en compañías de sectores que, por ejemplo, propicien violencia o malos hábitos (tabacaleras, armas, alcohol, etc), no sean respetuosos con el medio ambiente (uso de energías contaminantes) o no cumplan criterios de igualdad (por ejemplo, discriminación salarial o por sexos o raza).
No obstante, cada vez es más común la integración de los mencionados criterios ASG que, como decíamos, se refieren a aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno, a lo largo del proceso de inversión.
Es más, según destacan los expertos, hoy en día es muy difícil encontrar un plan de pensiones de empleo que no siga ningún tipo de criterio ASG, ya que tener en cuenta esos aspectos mejora el perfil rentabilidad-riesgo de las inversiones, al tiempo que ayuda a promover el desarrollo sostenible y las buenas prácticas empresariales.Tanto es así que estos vehículos van mucho más avanzados que los planes de pensiones individuales, en los que resulta menos habitual encontrar esa integración de criterios.
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